La
“emergencia ambiental y sanitaria” se
declara por el término de cinco años. Según
la ley, que posiblemente se trate este jueves,
el Ejecutivo porteño “deberá realizar un
censo habitacional sobre la ribera del
Riachuelo” y “arbitrar los medios para
trasladar y reubicar” a quienes vivan
precariamente sobre su margen”, así como
“realizar un completo estudio epidemiológico
y toxicológico de todos los habitantes
potencialmente afectados”. Se estudiará
especialmente “la presencia de contaminantes
en los niños, en los alumnos de las escuelas
cercanas a la cuenca y en los adultos
mayores”. A tales efectos se dispone
“formar, en cada uno de los hospitales de la
cuenca del Riachuelo, un Centro de Salud
Ambiental”.
La
ley requiere “actualizar el censo de los
emprendimientos fabriles o comerciales en la
cuenca”, “realizar estudios en el agua,
suelo y aire para determinar los contaminantes
predominantes” y, “dentro de los veinte
días” de sancionada, “arbitrar las medidas
para garantizar la recolección diaria de
residuos domiciliarios y la eliminación de
basurales en toda la cuenca”, así como
“realizar un control de roedores”. También
instruye al Ejecutivo para “elaborar y
coordinar con otras jurisdicciones un plan que
permita el tratamiento de efluentes
cloacales”, para lo cual “se articularán
acciones conjuntas con AySA”. Además, el
gobierno porteño “podrá establecer las
medidas e incentivos económicos para la
reconversión de las empresas a fin de prevenir
y mitigar la contaminación”, dando prioridad
a las pymes.
La
Comisión por el Riachuelo constará de cinco
representantes del Poder Ejecutivo, cinco por la
Legislatura, así como de “representantes de
las empresas fabriles” y de “las
organizaciones de la sociedad civil,
específicamente de pobladores aledaños”.
Según la ley, esta comisión “deberá
constituirse dentro de los 20 días” de su
promulgación. La norma también “insta a la
Jefatura de Gobierno de la ciudad a celebrar un
tratado, en el plazo de 90 días, con el Poder
Ejecutivo Nacional y la Provincia de Buenos
aires, para constituir una Autoridad de Cuenca
con facultades de regulación, control y poder
de policía”.
Para
todo ello, se dispone un presupuesto de 300
millones de pesos.
Juan
Manuel Velasco, legislador por el ARI y uno de
los autores del proyecto, destacó que éste
cuenta con “consenso de todos los bloques” y
observó que “la declaración de emergencia le
permite al gobierno de la ciudad autónoma tomar
medidas presupuestarias excepcionales, que a su
vez y en cada caso deberán ser ratificadas por
la Legislatura. Es la primera iniciativa que
implica, no sólo establecer que deben tomarse
medidas, sino también asignar los recursos para
que se concreten”. Marcelo Godoy, legislador
de Compromiso para el Cambio, afirmó que “con
respecto a la cuestión del Riachuelo se
registra un nivel de coincidencia inusual entre
oficialismo y oposición. Nadie duda de que la
situación del Riachuelo es, a esta altura,
insostenible”. El legislador subrayó la
importancia de crear “una Autoridad de Cuenca,
ya que la definición de una autoridad única es
imprescindible para resolver la contaminación
del Riachuelo”. La legisladora Sandra
Bergenfeld, del kirchnerismo, observó que “al
declararse la emergencia, nadie puede seguir
mirando para otro lado” y el saneamiento del
Riachuelo “pasa a ser política publica”. La
diputada señaló que “el Ejecutivo comunal
está facultado para tomar otras medidas,
además de las enumeradas: pueden ser más, pero
no menos”.
Desde
el gobierno porteño, Marcelo Vensentini
–ministro de Medio Ambiente– estimó que
“el proyecto de ley sustenta una visión de la
cuenca que compartimos, en cuanto incluye una
perspectiva social” y observó que “la
asignación de recursos ayuda a acelerar
procesos que, en el marco de los presupuestos
normales, requieren tiempos mucho mayores”.
Afirmó por otra parte que las medidas
solicitadas “ya vienen poniéndose en
práctica por el gobierno porteño” y señaló
que “la declaración de emergencia en una sola
jurisdicción, como es la ciudad, en sí misma
no tiene muchos efectos prácticos”.
El
proyecto de ley fue bien recibido en principio
por ambientalistas. Verónica Odriozola, de la
ONG Salud sin Daño, estimó “positivo que la
Legislatura tome cartas en el asunto y que
incluya una partida de presupuesto”. No
obstante, advirtió que “el proyecto llama a
una serie de estudios, que siempre son útiles
pero no debieran preceder a la acción concreta:
es un clásico que las intervenciones se
posterguen porque ‘hay que hacer estudios’,
pero, en el caso del Riachuelo, hay que
intervenir ya”. Alfredo Alberti, presidente de
la Asociación Vecinos de La Boca, juzgó
“plausible que la Legislatura haga punta,
proveyendo al Ejecutivo de herramientas para
actuar; por supuesto, tendría que haber
posibilidad de ejercer control para que todo ese
presupuesto no dé lugar a negociados”.
CEDOM